Desde las 10:00 de este jueves 14 de agosto, personal especializado del Ministerio del Ambiente (MAE) se dirigió a la sede del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), en el sector de Pusuquí, para brindar apoyo en el “Operativo Hemisferio” con el fin de suspender indefinidamente las actividades en las canteras de explotación pétrea de San Antonio de Pichincha. Esta medida fue tomada por el decreto de emergencia emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) frente al peligro que existe en el área por los movimientos telúricos acaecidos en los últimos días en ese sector. 
Aproximadamente un contingente de 800 uniformados y funcionarios se movilizaron en este procedimiento interinstitucional en el que participó el MAE, conjuntamente con la Agencia de Regulación y Control Minero, Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Fiscalía General del Estado, Policía Metropolitana de Quito, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 
A partir de las 15:00 el convoy motorizado inició el operativo hacia las canteras de Caspigasí del Carmen y Tanlahua de la parroquia de San Antonio de Pichincha. La actividad extractiva en la zona fue suspendida en su totalidad por el alto riesgo existente independientemente de la condición legal de las canteras. 

Especialistas jurídicos y ambientales de esta Cartera de Estado realizaron levantamiento de información entre coordenadas de ubicación y verificación de presencia de actividad ilegal en el denominado Cinturón Verde de Quito. Raúl Guaña, Coordinador Jurídico recalcó “se establecieron 15 equipos interinstitucionales para cubrir los cerca de 33 puntos que se intervinieron el día de hoy”. 

Además, el Coronel Ramiro Mantilla, Comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, comunicó que uniformados realizarán el control permanente de los accesos y la prohibición del ingreso de volquetas a las canteras. Adicionalmente, personal armado vigilarán los puntos suspendidos para evitar que se desarrolle cualquier tipo de actividad que ponga en peligro la vida de trabajadores y pobladores de la zona.