Con el objetivo de brindar información actualizada sobre la legislación ambiental vigente, correspondiente a la franja de seguridad del Parque Nacional Yasuní (PNY) representantes de las 25 comunidades que habitan en el sector participaron de una reunión con personal técnico del área protegida, funcionarios de la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana y del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) de esta Cartera de Estado.

La franja de seguridad comprende a las poblaciones que habitan en los 120 kilómetros de la vía Auca, límite occidental del área protegida, zona de actividades productivas como la agricultura, ganadería, avicultura y piscicultura.

De esta forma, el grupo conoció los beneficios del Programa de Incentivos a la Conservación Socio Bosque como una alternativa económica a las actividades que actualmente se realizan en el sector. Además se socializó sobre el Plan de Uso y Manejo del PNY, controles forestales, restauración forestal y procesos de remediación de pasivos ambientales.

En este contexto, personal del Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) explicaron a los delegados sobre la necesidad de reducir las emisiones de gases contaminantes, a través del cuidado y protección de los ecosistemas amazónicos para minimizar y reducir posibles impacto ambientales.

Varios de los asistentes mostraron interés en el programa Socio Bosque, aunque una de las peticiones que realizaron es “incrementar el valor de las compensaciones”, que actualmente son de 30 USD por hectárea de vegetación inalterada. A cambio, la población se comprometió a trabajar en conjunto con el Ministerio del Ambiente para la protección de los ecosistemas presentes en sus comunidades.

Por otro lado, en lo referente al Parque Nacional Yasuní las comunidades solicitaron se “aclare la frontera agrícola de la franja de seguridad, la cual hasta el momento ha sido respetada”, sin embargo, varios representantes señalaron que “es necesario resaltar este límite en campo para poder distinguirla mejor”.

Asimismo, conocieron el proceso normativo para el manejo forestal sustentable y aprovechamiento de maderables, pues la zona registra un alto índice de tráfico de productos provenientes de la madera. Como respuesta a este particular, esta Cartera de Estado ha desarrollado el Plan Nacional de Restauración Forestal, que tiene como objetivo reponer activamente a la pérdida de vegetación en conjunto con comunidades y pobladores beneficiarios.

Esta iniciativa comprende las modalidades de regeneración natural, revegetación con especies nativas, franjas ecológicas y ecosistemas de uso sostenible, por medio de incentivos económicos; así, en Orellana recibirán 411,75 USD por tres años quienes opten por la primera opción, y 888,85USD, 577,75USD y 666,64USD respectivamente.

Por su parte, el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) presentó su trabajo utilizando como ejemplo lo realizado desde 2008 en la parroquia Pacayacu, de la provincia de Sucumbíos, donde se aplicó un programa de remediación de pasivos ambientales en áreas afectadas por la explotación hidrocarburífera.

Allí se conformaron equipos interinstitucionales junto con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) y organismos del sector, a fin de que puedan recuperar estas áreas en beneficio de labores productivas.

Juan Escorza, director de Planeación de Reparación Integral del PRAS propuso al GAD cantonal de Puerto Francisco de Orellana trabajar en conjunto para la elaboración de un registro de los pasivos ambientales generados por la explotación petrolera ubicados en la vía Auca, a fin de iniciar con un proceso similar al de Pacayacu.

En estas socializaciones participan, además del MAE, los ministerios de Justicia y Agricultura, la Secretaría Nacional de Gestión Política y los GAD cantonales y parroquiales de Puerto Francisco de Orellana./am-ds