En los últimos 4 años, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, del Ministerio del Ambiente, a través de las acciones de control y vigilancia de la Reserva Marina, lograron la captura de 4 embarcaciones mayores, que se encontraban dentro del área marina protegida sin la debida autorización, con especies protegidas capturadas y con artes de pescas prohibidos de usar.

Estos posibles delitos ambientales han seguido el proceso penal correspondiente, impulsado por la Fiscalía de San Cristóbal, a fin de lograr las sanciones respectivas, lo cual se logró gracias a la gestión particular de la Ministra del Ambiente, Lorena Tapia, por su interés en agilitar este tipo de procesos.

Al ser una de las evidencias dentro de los procesos penales, dos embarcaciones: Fer Mary I y Siempre Angelito VI, fueron varadas en la Playa de los Marinos por disposición de la Jueza de la Unidad Multicompetente del cantón San Cristóbal, para evitar el posible hundimiento de las mismas, debido a su obsoleta estructura de madera. En Galápagos no existe un sitio destinado para actividades de varamiento y mantenimiento de embarcaciones.

Sin embargo, esta medida no representó una solución final, puesto que de acuerdo a un informe de la Secretaría Nacional de Riesgos presentada ante la judicatura respectiva, las embarcaciones varadas en zona de playa representan impactos en la época invernal por el posible arrastre de otras embarcaciones varadas en la bahía, además de contaminación visual, entre otros.

En respuesta a los escritos presentados por la DPNG, la Jueza de la Unidad Multicompetente dispuso el traslado de la embarcación a los patios de la Policía Judicial, para lo cual autorizó el desarme de la misma, de ser necesario, en vista de que los informes de la DPNG indican que la estructura de las embarcaciones no resiste más movimientos.

Ayer, en una reunión de trabajo motivada por la Unidad Técnica San Cristóbal, de la DPNG, con otras instituciones locales como la Armada Nacional, Capitanía de Puerto, Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno, Secretaría de Gestión de Riesgos, Municipio de San Cristóbal y Policía Nacional, se estableció las acciones a seguir para dar cumplimiento a lo dispuesto por la jueza.