El Ministerio del Ambiente (MAE), a través del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), y de las Direcciones Provinciales de Orellana y Sucumbíos, controla y supervisa las acciones que la EP Petroecuador, como empresa responsable, ejecuta para remediar los daños socio-ambientales generados por el derrame del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), ocurrido el 31 de mayo de este año, a 200 metros del poblado “El Reventador”, Provincia de Sucumbíos.

Desde que ocurrió el incidente, las Direcciones del Ambiente de Orellana y Sucumbíos realizan inspecciones técnicas para verificar el avance de los trabajos de limpieza y remediación en la zona. Paralelamente, la Subsecretaría de Calidad Ambiental (SCA) y el PRAS revisan, evalúan y orientan la ejecución del Programa de Remediación Ambiental de EP Petroecuador.

Para levantar la información necesaria y elaborar el Programa de Remediación Ambiental (PRA) del derrame, la EP Petroecuador contó con un equipo de 20 especialistas (biólogos, ingenieros biotecnólogos, químicos, ingenieros ambientales, agrónomos y sociólogos). Se realizó un levantamiento topográfico y georeferenciado, y se recopiló información sobre la flora y fauna del área afectada. Asimismo, se tomaron varias muestras de agua con la finalidad de determinar la calidad del agua mediante la correlación de análisis físico-químico y biológico.

Por solicitud del MAE, se reforzó el muestreo de agua con cinco puntos adicionales a los establecidos en el río Napo: Pompeya, Pañacocha, El Edén, Tiputini, y desembocadura del río Yasuní.

El Programa de Remediación Ambiental incluye cálculos de la valoración económica de los daños socioambientales, que se desarrollan en conformidad con los lineamientos técnicos y legales establecidos en el Acuerdo Interministerial 001 y la metodología de Valoración Económica del Daño Ambiental (VEDA). Esta valoración permite establecer un marco de referencia para que las acciones de indemnización y compensación social sean justas, técnicamente sustentadas, y con un alto nivel de participación por parte de los afectados.

De esta manera, el Estado y el MAE evitan las negociaciones directas y el clientelismo social, y aseguran una gestión transparente del proceso de compensación. Hasta el momento, se ha identificado cerca de 80 comunidades afectadas en 18 parroquias, ubicadas en 7 cantones de Orellana y Sucumbíos. Una vez que el MAE apruebe el Programa de Remediación Ambiental, que incluye el cálculo de las indemnizaciones y compensaciones sociales, reactivará las Asambleas de Diálogo Social que se ha mantenido para organizar y coordinar con los afectados directos las acciones a desarrollar.