El Ministerio del Ambiente (MAE), a través del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), mantuvo un diálogo abierto con representantes de las poblaciones afectadas por el derrame de crudo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), ocurrido en la provincia de Sucumbíos, Cantón Gonzalo Pizarro, Parroquia El Reventador, el pasado 31 de mayo. La asamblea tuvo como objetivo socializar el plan de contingencia, remediación y seguimiento que está en marcha.

En la primera asamblea pública que se desarrolló este 6 y 7 de junio, estuvieron presentes las autoridades locales, encabezadas por el Gobernador de la provincia de Sucumbíos, representantes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Salud Pública y los asambleístas de la comisión de biodiversidad de la Asamblea Nacional. Un equipo técnico del MAE explicó al comité y a la comunidad el método de supervisión, validación y aprobación de las acciones que deben ser ejecutadas por la operadora EP Petroecuador. Asimismo, la mañana del viernes 7 de junio, se mantuvo una reunión con los moradores afectados de los predios que se ubican en la zona del deslave que ocasionó el derrame de crudo.

El Coordinador del Área Social de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, Rafael Romero, indicó que una vez superado el período de crisis y emergencia se procederá a la ejecución del plan de remediación ambiental, en donde a través de las acciones concretas de estabilización y restauración se realizará la reparación de los daños.

En cuanto a la compensación y a la posible indemnización a los afectados, puso énfasis en el nuevo modelo propuesto por el MAE que consiste en la aplicación de la Metodología de Valoración de Pasivos Ambientales del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS). El proceso de levantamiento, análisis y cálculo permite cuantificar técnicamente la pérdida de calidad del agua, suelo, cobertura vegetal y los servicios ecosistémicos que se han dejado de percibir debido al daño ocasionado. Para determinar este valor económico, especialistas del PRAS efectuarán la valoración de los daños a partir de análisis y estudios multidisciplinarios y la participación social. “El valor que la operadora debe entregar a la comunidad y a cada uno de los afectados es resultado de un enfoque integral y no de negociaciones directas como se acostumbraba antes” enfatizó Romero.

Por su parte, autoridades y presidentes de las juntas parroquiales de los cantones Gonzalo Pizarro, Cascales y Shushufindi solicitaron a EP Petroecuador hacer un recorrido con el fin de determinar la priorización de zonas para la ayuda emergente, sobre todo en lo relacionado con la provisión de bidones de agua. De la misma forma, solicitaron el levantamiento de información de la mano de obra no calificada, a través de la Red Socio Empleo, para que la comunidad pueda participar en el proceso de contratación dentro del plan de remediación ambiental.