A nivel nacional, las acciones para combatir la minería ilegal están amparadas en el Decreto Ejecutivo No. 754 del 6 de mayo del 2011. La adenda crea, con varias instituciones, la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI).

Ante la problemática coyuntural, y bajo el Decreto Ejecutivo No 1172 del 17 mayo del 2012, la Comisión CECMI trabaja de manera indefinida hasta controlar el problema de forma integral.

La labor pasa por coordinar, gestionar y asesorar la ejecución de acciones para combatir este problema y es la responsable del Plan Integral para la Erradicación de la Minería Ilegal que está en ejecución.

Problemática regional

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) analizó el conflicto en julio del 2012. Autoridades de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú definieron el texto de la «Propuesta Política Andina de Lucha Contra La Minería Ilegal” que fue aprobado y expedido mediante publicación No. 2103 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena en octubre del mismo año.

Acción por delitos ambientales

Paralelamente a estos procesos, MAE realizó una serie de talleres de capacitación en delito ambiental y procedimientos penales y administrativos enfocados al control de la minería ilegal.

Los operativos más recientes se realizaron en Napo, Esmeraldas, Carchi y Azuay.

El Ministerio del Ambiente, dentro de sus competencias, tiene activadas las siguientes denuncias ante la fiscalía por delitos ambientales generados por la minera ilegal:

Azuay-Shumiral (DENUNCIA)
Zamora Chinchipe (San Luis-Podocarpus)(ETAPA DE JUICIO)
Zamora Chinchipe (Yacuambi) (INSTRUCCION FISCAL) (ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA)
Morona Santiago (DENUNCIA)
Napo (DENUNCIA)