Especialistas del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente (MAE) socializaron la Política Pública de Reparación Integral asociada a pasivos ambientales, con más de treinta funcionarios de las direcciones provinciales de la Defensoría del Pueblo.

En la jornada que se desarrolló en Quito, el 18 de julio, los participantes pudieron conocer lo que implica la política pública encaminada a garantizar la reparación integral de los daños ambientales para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos y la protección de los derechos de la naturaleza.

Durante su intervención, Juan Escorza, Director de Generación de Indicadores de Respuesta del PRAS, explicó a los participantes el marco legal y constitucional que permite la gestión de pasivos ambientales, entendiendo a la Reparación Integral como las acciones, procesos y medidas que, aplicadas integralmente, permiten el restablecimiento de la calidad dinámica, equilibrio ecológico, ciclos vitales y el proceso evolutivo de los ecosistemas afectados. Añadió que “la política de reparación no solo se preocupa por hacer cumplir los derechos de la naturaleza, también restituye los derechos de las personas y comunidades afectadas a través de la compensación e indemnización”.

Por su parte, Cindy Rueda, Directora de Valoración de Pasivos Ambientales y Sociales del PRAS recalcó que la reparación integral se sustenta en tres componentes que aseguran la reversión de las afectaciones que las deficiencias operativas de los sistemas económicos han generado en la naturaleza y en la sociedad. Aseguró que “la restauración integral, la garantía de no repetición y las medidas de satisfacción, dan como resultado la recuperación de las condiciones de los entornos natural y social”.

Luego de las exposiciones técnicas, se abrió un espacio de ejercicios prácticos y estudios de casos ambientales en los que se analizó la normativa, el licenciamiento, el control ambiental, y la gestión e investigación de pasivos.

El encuentro concluyó con el establecimiento de compromisos interinstitucionales enmarcados en desarrollar procesos de capacitación permanente que permitan una actualización continua sobre la gestión ambiental implementada en el país.