El Ministerio del Ambiente (MAE), a través del Programa de Reparación Ambiental y Social  (PRAS) y la Dirección Nacional de Control Ambiental (DNCA), realizó la tercera asamblea pública con los afectados individuales del derrame de crudo ocurrido el pasado 8 de abril, como consecuencia de la rotura de un tramo del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), en el sector de Wincheles, Esmeraldas. El diálogo se dio con el objetivo de socializar el procedimiento de pago de las indemnizaciones y compensaciones.

En este diálogo social, el MAE dio a conocer los nombres de las 49 familias que serán beneficiadas dentro del proceso de indemnización, en donde esta Cartera de Estado se mantendrá vigilante de que el procedimiento de pago se realice de una manera ágil para garantizar justicia social y ambiental. Cada uno de los afectados conoció las condiciones sociales e institucionales para iniciar las acciones de indemnización individual y compensación colectiva.

La Directora Provincial del Ambiente, Narcisa Cárdenas, destacó la importancia de la realización de estas asambleas que permiten socializar con los pobladores los avances de la gestión que se realiza entre las instituciones públicas y en este caso particular con la empresa privada OCP. Recalcó que para el Ministerio del Ambiente lo más importante es “velar por los derechos de la naturaleza y por los intereses de toda la comunidad de Wincheles”.

Para poder obtener los cálculos de la indemnización ha sido necesaria la aplicación de una metodología que permite realizar un inventario de afectados individuales, así como la valoración económica, social y ambiental del daño producido por el derrame de crudo. De esta manera el procedimiento de pago se genera según la realidad individual de cada uno de los afectados. Se prevé que el  próximo lunes 22 de julio se inicie este proceso.

El MAE  ha estado presente en la zona del derrame a través de la Dirección Provincial de Ambiente de Esmeraldas (DPE), la Subsecretaría de Calidad Ambiental (SCA) y el Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), verificando el cumplimiento del Plan de Remediación Ambiental (PRA) de OCP y canalizando las demandas de la comunidad afectada.