Ecuador será el país anfitrión de la conferencia de las Partes Nro. 11 de la Convención sobre Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), que se desarrollará entre octubre y diciembre del 2014.

Para el evento, la ciudad sede deberá contar con infraestructura hotelera, restaurantes, transporte, centros turísticos, oficinas, traducción, atenciones sociales, giras científicas, seguridad, equipo técnico, materia de trabajo, entre otros. Razones por las que se ha planteado a Guayaquil como la mejor opción, por ser la capital económica del país y por las facilidades logísticas que brinda.

La Convención congregará a aproximadamente 600 delegados de los países miembros, ONGs y observadores, que durante siete días participarán de conferencias técnicas de alto nivel, enfocadas en contribuir a la conservación de las especies terrestres, acuáticas y aviarias migratorias a lo largo de su área de distribución.

La CMS tiene un papel preponderante en la conservación de 117 especies en peligro de extinción incluidas en el Apéndice I de la Convención.

Ecuador como país sede de la CMS

En noviembre de 2013, durante la Reunión del Comité Permanente de la Convención sobre la Protección de Especies Migratorias de Animales Silvestres, en Bonn – Alemania, se analizó las opciones de sede de la décima primera Conferencia de las Partes (COP11) de este instrumento internacional. Al respecto, Chile como Representante Regional (Subregión América del Sur) sugirió a Ecuador como posible anfitrión de la COP11.

Beneficios para el país 

El realizar una reunión de un tratado internacional como es la CMS le otorgará protagonismo al país y posibilitará la firma de algunos convenios y acuerdos de conservación; y el cuidado y aprovechamiento de las especies migratorias enumeradas en el Apéndice II de la CMS.

Además, será una oportunidad para demostrar el liderazgo del Ecuador en la aplicación de la CMS y la importancia de la protección de especies silvestres en el país, a través de este tipo de iniciativas que promueven la responsabilidad del Estado de trabajar en un contexto regional y global por el manejo responsable de la biodiversidad.