El Ministerio del Ambiente (MAE) ha desplegado un gran contingente humano y de equipos para detectar e impedir la ejecución actividades prohibidas como la cacería y tráfico de vida silvestre, minería ilegal, contaminación y tala de árboles en las 49 Áreas Protegidas y todos bosques protectores del territorio ecuatoriano. A ello se suma, el apoyo de 300 efectivos de la Unidad de Protección al Medio Ambiente de la Policía Nacional.

Como principal rector ambiental del país, esta Cartera de Estado regula el desarrollo de esas acciones y realiza operativos constantes para evitar que se cometan actos ilícitos. En el marco de la normativa ambiental vigente, dentro de las competencias del MAE, consta el control de la cacería, a través del otorgamiento de permisos que avalen el apropiado ejercicio de esa práctica. En el país existen tres tipos de caza. De subsistencia, deportiva y de control. La primera es la más común y se efectúa con la finalidad de proveer una fuente de proteína animal en poblaciones rurales, debido a que su alimentación está basada en cultivos familiares, recolección de productos y cacería de animales silvestres, principalmente.

En la actualidad, la aprobación de planes de manejo para cacería de subsistencia, se encuentra en proceso de regulación. Ello, con el objetivo de que ese ejercicio se ejecute de manera sustentable y respetuosa con la naturaleza, según lo estipulado en los lineamientos del Buen Vivir y en la Constitución Política.

Para cazar con fines deportivos, clubes o asociaciones de este tipo deben presentar una serie de requerimientos registrados en el Libro IV, artículos de 71 al 102 del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS). Sin embargo, el MAE no otorga licencias, pues está en curso una reformulación de la normativa. Este proceso se realiza para garantizar que ningún animal silvestre sea expuesto a riesgo de extinción. Es decir, no se ha emitido ninguna licencia para cazar, a nivel nacional.

La cacería de control es una actividad extraordinaria que se llevaría a cabo en caso de que una especie se convierta en una potencial amenaza para la salud pública. Por ejemplo, murciélagos, palomas o ratas.

Este Ministerio puede aplicar las sanciones para este tipo de incumplimientos, basándose también en lo establecido en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, a través de procesos administrativos. Otro cuerpo legal que sanciona estas infracciones  es el Art. 437 del Código Penal.

Debido a que hay  ciudadanos que irrespetan la Ley, al momento, varios procesos han sido instaurados tanto administrativa como penalmente. El número de procesados es elevado. Esto podría interpretarse como si cantidad de cazadores ilegales ha aumentado, sin embargo, la realidad devela que es el cifra de denuncias la que se ha incrementado.

Por consiguiente, se sabe que estos hechos son cada vez más repudiados por la ciudadanía. Este es un dato positivo, pues es un reflejo de la efectividad de las campañas de concienciación emprendidas por el MAE para salvaguardar la biodiversidad y velar por el derecho de vivir en un ambiente sano.

Los controles y monitoreos continuarán de forma ininterrumpida, así como los proyectos de concienciación para que la población se empodere y se una a la labor que realiza este Ministerio. Los resultados demuestran que las acciones conjuntas benefician a toda la ciudadanía.