4 años de prisión por invasión a la Reserva Ecológica Antisana y caza de venados de cola blanca
Sangolquí, 25 de abril de 2018
Hoy, en la Unidad Judicial Penal de Rumiñahui, en audiencia de juzgamiento por delitos contra la naturaleza, en cumplimiento al artículo 245, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal por invasión a áreas protegidas, la jueza sentenció con una pena privativa de libertad de 4 años, una multa de 10 salarios básicos unificados, es decir USD. 3.750, un pago de USD. 2 mil por concepto de reparación ambiental y disculpas públicas en un medio de comunicación a los implicados en la caza de dos venados de cola blanca, al interior de la Reserva Ecológica Antisana.
Silvia Vásquez, coordinadora General Jurídica del Ministerio del Ambiente, quien representó a la máxima autoridad de esta cartera de Estado, presentó la debida acusación particular en favor de la biodiversidad y la naturaleza. Al finalizar el juicio, expresó que “la naturaleza posee derechos constitucionales y esta administración los hará respetar en todas las instancias. Hoy se sentó un nuevo precedente judicial en favor de la protección de nuestro patrimonio natural”.
Para Andrés Ortega, veterinario del Fondo TUERI, está sentencia “da un mensaje muy claro a la comunidad de que no se puede vulnerar a la naturaleza, ni cometer delitos ambientales. Nos alegramos de que hoy haya una sanción contra el cometimiento de un acto ilícito”.
• El Código Orgánico Integral Penal, en su Capítulo cuarto, sanciona los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama
Este hecho se registró el 8 de abril, fueron detenidas dos personas por miembros de la Unidad de Protección del Medio Ambiente, de la Policía Nacional, luego que guardaparques solicitaran el apoyo de la autoridad competente. Pues los autores materiales se deshicieron de los cadáveres, en el sector del puente del Chacauco, luego de huir ante la presencia de los guardaparques del Antisana mientras realizan un operativo nocturno de rutina.
Por su parte, con fecha 13 de abril, la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha inició el proceso administrativo correspondiente por cacería, captura y transporte de vida silvestre, contemplados en los artículos 78 y 87 de la Ley Forestal, que sanciona con el pago de entre 500 a mil salarios mínimos vitales, es decir de 2 a 4 mil dólares, esta sanción se podría agravar en un tercio debió a que este presunto hecho se efectuó al interior de un área protegida. Este proceso se notificó a los acusados el 18 de abril, fecha a partir de la cual tendrían 5 días laborables para su contestación.
Testimonios
“La defensa penal del caso fue técnica en base a Derecho y mientras el ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, este frente a esta cartera de Estado, los derechos de la naturaleza se harán respetar”, enfatizó Alexis Zapata, asesor de la Coordinación Jurídica del Ministerio del Ambiente, quien actuó como abogado defensor en el juicio.
Christian Sánchez, abogado de la Coordinación Jurídica manifestó que “este caso representó un arduo trabajo para reflejar ante el órgano judicial los derechos y garantías constitucionales que posee la naturaleza”.
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